De igual manera se establece el reintegro de los miembros directivos de los sindicatos, los representantes sindicales, las personas con discapacidad y las trabajadoras con fuero de maternidad con contratos suspendidos, junto con el resto de los trabajadores que se reincorporen en el primer mes de la reactivación.

Esta ley crea también el Registro Nacional de Desempleo, que permitirá tener estadísticas para la generación de políticas públicas dirigidas a la recuperación e inserción laboral.

La iniciativa detalla que el retorno para las empresas del sector primario de la economía, que hayan sido autorizadas para reiniciar sus actividades económicas y mantuviesen trabajadores con contratos suspendidos a la entrada en vigencia de esta ley, los reintegrarán en forma gradual, mes a mes. Las prórrogas de la suspensión de los contratos no podrán exceder los tres meses.

Mientras que en el caso del sector secundario las prórrogas de suspensión no podrán exceder los seis meses; y en el sector terciario de la economía, incluyendo a las actividades con diez o menos trabajadores y las empresas del sector turismo, no podrán exceder los ocho meses.

Las empresas que se mantengan cerradas por disposición de la autoridad sanitaria desde el mes de marzo de 2020, podrán solicitar la prórroga de la suspensión de los efectos de los contratos de sus trabajadores, mientras se mantenga vigente dicha limitación.

En tanto, la modificación temporal de la jornada laboral, así como otras condiciones de trabajo reconocidas en la ley, podrán ser pactadas de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores; en caso de existir sindicato, se deberá pactar con éste.