De acuerdo con una carta del Ejecutivo que fue leída en la sesión de ayer del pleno de la Asamblea Nacional, el gobernante se basó en el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de Panamá, sobre las atribuciones del Presidente de la República.

El proyecto

La iniciativa objetada fue impulsada por la diputada Fátima Agrazal, de Cambio Democrático (CD); y por sus colegas Hugo Méndez, del Partido Panameñista; Itzi Atencio, del Partido Panameñista; Arnulfo Díaz, de CD; y Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.

La propuesta objetada da vida al CIC, entidad que, de acuerdo con el proyecto de ley, estará adscrita a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia, y Familia (Senniaf).

Estaría conformado por 10 organismos, la mayoría de ellos, gubernamentales y tiene 13 atribuciones. Entre ellas, la de prevenir la violencia sexual, y la de actuar como órgano consultor, coordinador, y asesor, encargado de formular políticas y programas de las entidades responsables y relacionadas con la prevención de la violencia sexual.

Sin embargo, la propuesta también reforma el artículo 65 del Código Penal, referente al trabajo comunitario. Se agrega un párrafo para establecer que este no se aplicará cuando se trate de una persona sancionada por delito contra la libertad e integridad sexual, cuando la víctima sea menor de 14 años o la conducta se valga de una condición de discapacidad.

En todos los demás casos de delitos sexuales se requerirá de informe favorable de la Senniaf y, en el caso de estar preso, se requerirá del visto bueno de la Junta Técnica para la Prevención de Delitos de Violencia Sexual.

Pero días después se aprobó el proyecto de ley 91, que también le hizo cambios a ese artículo. Este permite a los que firmen acuerdos de pena o que sean condenados a no más de cinco años de prisión ser beneficiados con trabajo comunitario.

La medida generó duros cuestionamientos a la Asamblea Nacional. Se desconoce si el presidente Cortizo también vetará este proyecto de ley.