Caso Blue Apple sigue en la mira

Esta investigación fue formalmente iniciada el 11 de septiembre de 2017, por el despacho de la Procuraduría General de la Nación y se encuentran vinculadas las empresas: Constructora Conalvias S. A., Constructora Meco S.A., Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A., así como altos ex funcionarios públicos que se desempeñaban en el Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda para los años 2011-2012 principalmente; un ex oficial de la banca privada y un abogado particular, quienes realizaron operaciones financieras y estructuraron sociedades para el movimiento del dinero ilícito, producto de la corrupción.

Los hechos que se investigan han demostrado que ex funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda, le exigieron a empresarios del sector de la construcción, que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011 al 2012, un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de la obra, así como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista, de no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avance de obra, entre otras afectaciones.


Estos pagos indebidos debían ser depositados a la sociedad anónima “BLUE APPLE SERVICES”, quien a través de cinco cuentas bancarias en tres distintos bancos de la localidad, manejó, aproximadamente, 40 millones.

Estos 3 Bancos ordenaron el cierre de estas cuentas bancarias, luego de considerar, que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transaccional.

Se han logrado identificar las formas utilizadas para el blanqueo de capitales, tendiente a dar apariencia de licitud a los movimientos de los dineros mal habidos, principalmente a través del factoraje estructurado por una subsidiaria de Global Bank Corporation denominada Factor Global, cesiones de créditos, adquisición de bienes inmuebles y pagos directos, para lo cual también fueron utilizadas otras personas jurídicas como: Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma S.A., empresas de papel que fueron creadas para mover el dinero público.

Al día de hoy se ha logrado la recuperación de US$20 millones de dólares y se han vinculado a 33 personas, de las cuales uno es un ex – oficial bancario, quien era el encargado de las operaciones financieras, un abogado particular encargado de realizar las sociedades anónimas, 3 ex funcionarios públicos, y 7 empresarios. De igual manera se han realizado 5 acuerdos de colaboración eficaz, de los cuales 3 han sido validados por la autoridad jurisdiccional.

En cuanto al delito de Corrupción, cuya pena para los servidores públicos es de 2-4 y de 3-6 años para los particulares. Los empresarios, como particulares ya han rendido indagatoria y han aportado pruebas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos, han identificado para quienes era el dinero, como se ejecutaba el delito, quienes integraban la organización criminal, el uso de facturas falsas para dar apariencia de licitud al dinero, el destino de las ganancias, además de devolver el dinero ilícito. La colaboración eficaz de los empresarios corroboró nuestra teoría del caso, en torno a un mecanismo orientado a dar apariencia de licitud a la coima, de igual forma nos han suministrado información valiosa sobre nuevos hechos que evidencian la comisión de otros delitos que están originado la apertura de nuevas investigaciones.

En cuanto al Blanqueo de Capitales, cuya pena es de 5-12 años de prisión, están siendo procesadas 21 personas, de las cuales 3 están sujetas a detención preventiva. La fiscalía ampliará la formulación de cargos a otras personas.

En lo que respecta a la Asociación Ilícita para Delinquir, la pena es de 6 a 12 años de prisión cuando el fin es Blanqueo de Capitales y están siendo procesadas 3 personas, de los cuales 2 están sujeto a detención preventiva.

Han sido tramitadas las asistencias internacionales a los Estados Unidos, China, Suiza, Islas Vírgenes Británicas (BVI) y Hong Kong, para la recuperación de estos activos transferidos por sociedades panameñas que crearon para guardar el dinero, entre las que se han identificado: Dejaf Investment Corp., Treasure Islands Development, S.A., Quadrille Managment, Corp., Jiu Shun International Co. Ltd., Energy Corporate Ltd., HB Engineering Corp., y la propia Nightmare Overseas, Corp.

Esta es otra investigación compleja de Corrupción en la que se descubre más dinero público sustraído por servidores públicos que traicionaron al Estado. De allí que es importante, tal y como he expresado en distintos comunicados al país, que el compromiso sea de toda la sociedad panameña, porque la institucionalidad y la ética no puede supeditarse a la trampa y al juega vivo, aunado a que, dinero público, aún reposa en manos de los corruptos y que, pese a las pruebas que sustentan los expedientes se niegan a devolverlo bajo argucias legales y prácticas dilatorias para no enfrentar en audiencias a la justicia panameña y ser condenados por los delitos cometidos.