Escándalo de abusos a menores, en medio de denuncias y renuncias

El escándalo de abusos a menores en los albergues ha estremecido los cimientos de la sociedad panameña, puesto a prueba un sistema de fe y de justicia, y provocado la movilización de múltiples protestas.

En medio de las denuncias de “mujeres encadenadas”, “abusos sexuales a menores con discapacidad”, “niñas embarazadas por religiosos”, “abortos”, “precaria alimentación (comida de perro)”, el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, renunció a su cargo.

En su carta de renuncia, el fiscal general establece que tuvo que trabajar con un sistema incapaz de dar soluciones a situaciones tan críticas como el bienestar de la niñez, “conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la Nación panameña y lo que obliga a tomar decisiones que evidencian esta realidad...” A la renuncia del fiscal general del país se suman las amenazas que ha recibido el sociólogo e investigador Alonso Ramos, que creó la metodología de la investigación de campo para elaborar un informe de 700 páginas que demostró los sufrimientos, frustraciones y miedo de los menores en los albergues.

“No sabía si publicarlo, pero creo que es lo mejor. Alonso Ramos ha estado recibiendo amenazas anónimas contra su integridad física en los últimos tres días por el caso Senniaf. Estamos en conversaciones con amigos abogados para saber cómo proceder”, confirmó la activista social Claudia Cordero en redes sociales.

A la luz pública también han salido nombres de políticos. Idalia Martínez, exdirectora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), denunció en su cuenta de Twitter que el expresidente Juan Carlos Varela, el exministro de Desarrollo Social Alcibiades Vásquez y el exdiputado José Luis Varela orquestaron una persecución mediática en su contra e incluso la sometieron a una investigación penal por negarse a dar niños en adopción de forma ilegal.

 A través de la misma red, Martínez también denunció haber recibido una llamada del diputado Luis Ernesto Carles para evitar que solicitara una investigación en su contra por las irregularidades que denunció cuando él formaba parte de la junta directiva de la institución, y con las que no hizo nada.

“Del pueblo dependerá si la niñez en Panamá sigue siendo abusada sexualmente, si practican abortos a niñas para tapar abusos, si les dan comida de perro y si ofrecen niños en adopción de forma ilegal”, dijo Martínez a través de su red social.