El
Consejo de Gabinete, celebrado este martes, autorizó a la ministra de Relaciones Exteriores,
Erika Mouynes, a presentar para la
ratificación de la Asamblea Nacional tres importantes convenciones internacionales:
- Contra el Racismo.
- Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
- Conservación para el ordenamiento de los recursos pesqueros en alta mar en el Océano Pacífico Sur.
La canciller dijo que las la
Convención Interamericana contra el Racismo y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, atienden “
deudas pendientes” con la población
afrodescendiente y de adultos
mayores, ambos grupos de amplia representación demográfica en nuestro país.
Ambas convenciones, garantes de los
Derechos Humanos en el sistema de la
Organización de Estados Americanos, fueron firmadas entre 2014 y 2015, pero
Panamá no las ratificó, lo que sí hicieron otros países de la región como
México, Uruguay, Chile y Argentina, destacó la ministra de Relaciones Exteriores.
La canciller Mouynes, dijo:
“En el plano internacional, la lucha contra el racismo ha cobrado particular relevancia y resulta indispensable que Panamá se posicione de una manera firme contra cualquier actividad que promueva la intolerancia”.
La
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene como
objetivo:
"Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad".
La
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, por su parte, compromete al país a
prevenir, eliminar, prohibir, y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones recomendadas, todos los
actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, incluyendo el apoyo privado o público a
actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan la intolerancia, así como su financiamiento.