La Ley 153 del 8 de mayo de 2020, mediante la cual se reforma la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, fue sancionada por el presidente de la República Laurentino Cortizo y promulgada este viernes en Gaceta Oficial.

En el Artículo 12 se establecen las limitantes para poder contratar con entidades estatales, y entre éstas se incluyó: estar moroso por el pago de multas por incumplimientos, haber intervenido en la preparación de la adjudicación, entre otros.

Las personas naturales o jurídicas que  hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, entre otros, estarán inhabilitadas por cinco años para contratar, mientras que quien se acoja a acuerdos de pena por los delitos establecidos, solo estarán inhabilitados por un plazo de tres años.

"Quedan exceptuados de este supuesto quienes cuya colaboración eficaz haya conducido al esclarecimiento del delito para evitar que continúe su ejecución, para evitar que  se realicen otro delitos o cuando la información aportada haya sido esencial para descubrir a sus actores o participes”, detalla el documento.

Este era uno de los principales cuestionamientos de algunos diputados de oposición y miembros de agrupaciones civiles y de transparencia, que consideraban que no se debería permitir contrataciones con el Estado a empresas o personas con condenas por corrupción.

La Ley comenzará a regir a los cuatro meses de su promulgación.

El proyecto de Ley No. 10 que reforma la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula la Contratación Pública en Panamá, fue aprobado el pasado 29 de abril en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional (AN).