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Doris Zapata Acevedo

Gabinete aprueba medidas contra envío ilegal de remesas

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley que adiciona el artículo 253-A al Código Penal, el cual establece que “quien realice el servicio de transferencia de dinero a través de sistemas no registrados, transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio, sin estar autorizado por autoridad competente, será sancionado con prisión de ocho a quince años”.

13 noviembre 2019 |

La norma se aplica como medida efectiva contra el envío de remesas de dinero al margen de la ley -como un sistema para el lavado de dinero y la utilización de fondos provenientes de delitos- lo cual afecta el buen funcionamiento del Centro Bancario y Financiero del país.
 
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, dijo que por años el envío de remesas de forma ilegal ha sido regulada solo en la esfera administrativa, lo cual ha sido ineficiente para su erradicación, por lo cual se hace necesario su tipificación en la esfera penal.
 
Agregó que se espera que esta norma sea una “medicina preventiva y disuasiva” que sirva para desestimular esta práctica, penalizando las remesas ilegales, con penas de 8 a 15 años de cárcel, porque hay preocupaciones con lo que se hace con estos fondos, que son usados para financiar prácticas terroristas y compras de armas entre otras.
 
La inserción en el Código Penal de la figura del envío o transferencia de fondos o dineros sin tener la autorización pertinente (elevándolo a la calidad de delito), permite que entidades idóneas y con la estructura necesaria para la investigación de delitos financieros como el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, puedan participar y afrontar de forma adecuada este tipo de actividades que tanto daño hacen al país.
 
 El proyecto de ley aprobado en Gabinete será presentado a consideración de la Asamblea Nacional.
 Los ministros también aprobaron el convenio entre la Autoridad de Turismo de Panamá y la empresa NCL (BAHAMAS) LTD, mediante el cual se concede el incentivo de reembolso equivalente al costo del peaje correspondiente al tránsito por el Canal de Panamá.
 
 Este monto, se destinaría a cubrir los años 2021, 2022 y 2023, asciende a una suma anual de hasta 6 millones de balboas, para un total de hasta 18 millones de balboas, y el objetivo es que los cruceros de la empresa utilicen a Panamá como puerto de embarque y desembarque.  Las erogaciones se incluirán en los presupuestos del 2022, 2023 y 2024.
La medida se sustenta en el Decreto Ejecutivo No. 35 de 2019, que establece incentivos de promoción turística a los buques de transporte de pasajeros (cruceros) cuyo puerto base sea el territorio panameño Panamá.
 
El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, dijo que cada vez que esta línea realice la operación de “puerto base” en Panamá, los pasajeros que entran por Tocumen para abordar los cruceros se quedan en el país durante dos días, dejando una inyección de 12.8 millones de dólares a la economía nacional.
 
Añadió que también se negoció con la línea de cruceros que mientras estén en el territorio, por un espacio de 7 a 10 días, los turistas consuman productos panameños.

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Presentación

Doris Zapata Acevedo
Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral

Nació en la ciudad de Panamá el 2 de agosto de 1972 del hogar formado por Rodolfo Zapato y Elimedina Acevedo, es soltera y tiene 2 hijos.

 

Estudió la primaria en la Escuela Don Bosco y la secundaria en el Instituto Comercial Panamá de donde se graduó en 1989, para iniciar estudios profesionales en la Universidad de Panamá, logrando el título de licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en 1996.

 

Tiene un Diplomado en Negociación, Tratados y Comercio Internacional de la Universidad de Santiago de Chile y otro en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública.

 

Trabajó como Asesora Legal en la Dirección Nacional de Migración, en el IFARHU y en la Alcaldía de Panamá y como Asesora Legal y Técnica de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional.

 

En el período 2004-2009 fue Viceministra de Desarrollo Social y Vivienda y tiene diez años de ejercer su profesión de abogada y socia en S&B Law Firm, bufete especializado en gestión gubernamental.

 

Es una abogada experta en Manejo de Crisis, Derecho Administrativo, Derecho de Sociedades y Gestión Gubernamental y tiene vasta experiencia en Gobernabilidad y Planificación Estratégica.

 

Como dirigente del PRD ha sido presidenta del Comité Organizador del II Congreso Nacional de la Juventud del PRD, delegada al Congreso Nacional del partido, presidenta del Consejo Directivo Nacional del Circuito 8-8, presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, Tercera Sub- secretaria y Primera Vicepresidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

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