Movimiento Otro Camino Panamá analiza primeros 100 días de Gobierno de Cortizo

El Movimiento Otro Camino Panamá a cargo de Ricardo Lombana hizo un análisis de los primeros 100 días del Gobierno de Laurentino Cortizo.

“Somos conscientes de que no tiempo suficiente para obtener soluciones a problemas complejos que llevan décadas sin resolver” expresa el comunicado del movimiento que se considera la tercera fuerza política del país y la segunda más grande de oposición.

El Movimiento respalda la Reforma a la Ley de Contrataciones Públicas enviada a la Asamblea Nacional y que se finiquiten las cuentas pendientes a los proveedores del Estado para que circule dinero en la calle y se estimule el crecimiento económico. “Aplaudimos el pago de las deudas a los productores agrícolas; el esfuerzo que se está haciendo en las comarcas y en los
corregimientos más pobres con el Proyecto Colmena; y la decisión de elevar la cultura a rango ministerial”.

Consideran “lamentable que por ahora el proyecto de Ley de Contrataciones Públicas no contempla la inhabilitación de las empresas corruptas, como se prometió en campaña.

“Nos preocupa la ausencia del presidente Cortizo en el escenario del principal problema que aqueja a Panamá: la corrupción. Según los hechos, pareciera estarse cobijando en la separación de poderes para no accionar como el líder del país que por mandato debería ser”, señalan.

Indican que la separación de poderes no debería ser una excusa para un liderazgo firme ante el desmoronamiento institucional evidente. Desmoronamiento que, como agravante, podría comprometer cualquier plan de reactivación económica que se quisiera emprender, a corto y largo plazo.

No se ha explicado con transparencia cuál será la estrategia para pagar las cuentas pendientes del Estado, ni se ha presentado un verdadero plan de austeridad con eficiencia, manifiestan.

Se recorta la inversión, pero no se recorta el clientelismo y los nombramientos injustificados. Tampoco se le ha comunicado al país por qué se generó el “hueco en las finanzas públicas” del que tanto se habla. Si es necesario endeudar a los panameños para pagar cuentas atrasadas, deben como mínimo informar al país qué ocurrió con los fondos presupuestados para pagar dichas obligaciones.

Expresaron que a lo interno del partido de gobierno, PRD, no existe concordancia entre sus acciones. Se habla constantemente de austeridad, se le recorta el presupuesto a Educación, pero se validan $20 mil mensuales a las planillas de los diputados, entre otras asignaciones que no son prioritarias.

Al principio aplaudieron la iniciativa de las Asociaciones Públicos Privadas, pero ahora les preocupa que la nueva Ley le deja al Ministerio de la Presidencia el poder total de decisión de los contratistas, así como lamentamos que la nueva normativa no excluya a las empresas corruptas, tal como se prometió en campaña.

En cuanto a materia educativa, felicitaron al Gobierno por la designación de la ministra, profesional de lujo que formó parte del Consejo del Compromiso Nacional por la Educación y de quien esperamos que pueda llevar adelante la transformación de la educación panameña que tanto se necesita.

Para el movimiento es “lamentablemente, el presidente Cotizo dijo en campaña que la Educación era la estrella de su Plan de Acción, pero una vez en el Gobierno ha hecho recortes presupuestarios de 400 millones de balboas al Meduca en áreas sensitivas a la educación superior pública”.

Consideran contradictorio y dañino el decreto que equipara la experiencia con la educación formal para cargos públicos. Eliminar la educación formal es un mensaje equivocado para nuestra juventud de que no es necesario terminar los estudios para
alcanzar el éxito, y esto desmotiva el interés por la educación y promueve la deserción
escolar.

Pese al poco tiempo transcurrido, en el ámbito de la salud seguimos sufriendo la falta de medicamentos, tema que requiere de una atención urgente y que –tal como OCP planteó en campaña– implica la elaboración e un marco jurídico que permita tratar el tema de manera urgente y extraordinaria. Tristemente para el Gobierno fue más rápido y fácil habilitar contratos directos por miles de balboas desde la Presidencia para manejo de redes sociales, que hacerlo para la compra de las medicinas de los panameños.

“Han pasado 103 días y consideran que las empresas corruptas no están inhabilitadas, a pesar de que fue una promesa de campaña. Inclusive, hay algunas que ya han estado haciendo nuevos contratos como Bagatrac, empresa vinculada al escándalo de Blue Apple”.

Recordaron que en campaña y en su plan de gobierno el presidente dijo que no habría intocables y que iba a imperar la ley y el orden. Sin embargo, los intocables están por todos lados, empezando por el presidente del propio partido gobernante.

Indicaron que la ciudadanía espera que el mandatario de la nación sea el primero en señalar los actos de corrupción que provienen de su propio partido. Por ejemplo, no lo vimos cuestionando al alcalde de Colón –de su partido–, que de forma unilateral se aumentó su salario y de manera escandalosa.

“Tenemos una democracia secuestrada por una Asamblea dominada por diputados PRD, quienes han demostrado en todo momento no tener ninguna intención de luchar contra la corrupción, sino lo contrario”, expresan en el comunicado. .

Muchas designaciones para cargos sensibles han pasado por la Comisión de Credenciales y por el Pleno de la Asamblea, abusando de la mayoría aplanadora de diputados que tienen, no por méritos sino por simple espacio político.

 En el ámbito de Seguridad, no vemos en ejecución un plan estratégico u hoja de ruta para detener el avance del crimen. Las acciones policiales implementadas son las mismas acciones sin efectividad que ejecutó el gobierno anterior, pero con nuevos nombres.

Resaltan que no se ha definido una política migratoria efectiva que evite la entrada al país de delincuentes extranjeros, ni se ha disminuido el tráfico de drogas, robos, asaltos y asesinatos ejecutados por sicarios. Seguimos con una institución policial que se ha engordado en su parte superior, manteniendo a la fecha 250 comisionados y subcomisionados, costándole al Estado una cantidad exorbitante de dinero, pero que no se le conocen a todos sus funciones y tareas específicas, ni el impacto que las mismas tienen en la seguridad ciudadana.

En nombre de los 370 mil panameños que votaron por OCP en las pasadas elecciones, solicitaron al Ejecutivo no desaprovechar la valiosa oportunidad que tiene de limpiar la cara de la justicia, designando en la Corte Suprema de Justicia a profesionales serios, responsables, con amplia experiencia y moralmente capacitados para ocupar los cargos de magistrados. En sus manos está que podamos recuperar parte de la confianza en la
justicia panameña.

“Exhortamos, igualmente, al Gobierno Nacional, a que en los aspectos positivos que hemos resaltado, mantenga su curso, y que, con respecto a los aspectos negativos, haga las evaluaciones correspondientes y aplique correctivos. La ciudadanía está a la expectativa”.