Amenazas para la paz en Colombia debido a la violencia desatada por grupos armados ilegales.

"La persistente violencia entre grupos armados ilegales de diversa naturaleza, que se disputan el control de las economías ilícitas y los territorios dejados por (la disuelta guerrilla de) las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), está generando graves afectaciones a la población civil, principalmente a nivel rural", señala un informe presentado en Washington por el jefe de la MAPP-OEA, Roberto Menéndez, y publicado en su web.
El documento expuso los avances y riesgos que enfrenta la construcción de la paz en Colombia, y destacó que pese al acuerdo con las FARC y el actual proceso de negociación del Gobierno con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), la población aún mantiene una "percepción" de inseguridad.

"Como resultado de estos contextos de violencia, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se ven abocadas a extorsiones, confinamiento, desplazamiento forzado, violencia basada en género y reclutamiento de menores de edad, entre otras afectaciones", advirtió el informe.

En su presentación, Menéndez señaló que "generan especial preocupación los asesinatos selectivos y amenazas contra líderes sociales, comunales y étnicos", de los cuales también son objeto los desmovilizados de las FARC y sus familias.

Para el funcionario "es necesario reforzar la seguridad para reducir los impactos humanitarios, investigar y castigar los crímenes, e implementar de manera oportuna y articulada los acuerdos de paz, prestando especial atención a las deudas en materia de reparación a víctimas y restitución de tierras".

Por último, el informe planteó observaciones y recomendaciones frente a asuntos centrales, como participación social, conflictos sociales actuales y potenciales, justicia transicional, reincorporación y monitoreo carcelario de excombatientes.

De acuerdo con MAPP-OEA, el documento fue resultado de 960 misiones en el terreno en 500 centros poblados, como parte del monitoreo y acompañamiento permanente que adelanta el organismo desde 2004 en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la criminalidad en Colombia.