Los Veintiocho los consideran responsables de "violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia"
26 junio 2018 |
La medida es un nuevo golpe al entorno de Maduro. En enero, otros siete miembros del círculo más cercano al sucesor de Hugo Chávez, entre ellos su número dos, Diosdado Cabello, recibieron idéntico castigo. Los socios comunitarios buscan elevar la presión para forzar a Caracas a abrir un proceso de diálogo que culmine en una nueva convocatoria de elecciones, si bien hasta ahora no se han obtenido resultados palpables.
El Gobierno venezolano reaccionó a las sanciones de enero elevando el tono contra España —la gran inspiradora de las represalias diplomáticas—, e incluso expulsó al embajador español durante casi tres meses. Este lunes ha vuelto a alzar la voz calificando de "agresión" e "intromisión" las nuevas penalizaciones. "Es sorprendente la flagrante subordinación de la UE a la Administración Trump, emulando sus acciones de agresión contra Venezuela", ha contraatacado.
Entretanto, la UE combina en su estrategia el palo y la zanahoria: esto es, la firmeza diplomática con la puerta abierta a dar marcha atrás si se perciben gestos desde Caracas. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha señalado en rueda de prensa desde Luxemburgo que las sanciones "no excluyen en ningún caso la voluntad de diálogo", y se ha mostrado partidario de hallar resquicios de acercamiento político. "[La crisis] no va a resolverse fácilmente a base de sanciones", ha admitido.
La UE es el tercer mayor socio comercial de Venezuela tras Estados Unidos y China, aunque hasta ahora los Veintiocho han eludido utilizar la economía como instrumento de presión. De momento, la acción comunitaria ha centrado las sanciones en los altos cargos del régimen, y ha evitado dañar el tejido productivo del país o sectores sensibles como el petrolero al entender que en medio de la severa crisis que padece el país, no procede agravar el sufrimiento de la población.
Europa aplica sanciones a Venezuela desde noviembre de 2017, cuando los 28 países miembros acordaron por unanimidad un embargo de armas y equipos electrónicos ante su progresiva deriva institucional. Su efecto es sin embargo limitado. España, Holanda y Austria son los únicos tres países de la Unión que venden material militar a Caracas, y más del 90% proviene de China y Rusia.