Renuncias y demandas, los estragos del caso albergues

El maltrato y los abusos que sufrieran niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad en albergues, algunos administrados por el Estado, ha provocado la renuncia de dos directoras de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf) de la actual administración gubernamental, Sara Rodríguez (7 de febrero) y Mayra Silvera (7 de marzo), así como la del Procurador General de la Nación Eduardo Ulloa.

08 marzo 2021 |

Asimismo, se han presentado  múltiples denuncias en el caso.
El primero en presentar una querella fue abogado Ernesto Cedeño, el 21 de febrero,   ante la Procuraduría de la Administración.
Luego, el 4 de marzo el abogado Emanuel Castro se apersonó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para  solicitar una  medida cautelar a favor de las posibles víctimas y la Asociación de Estudiantes Universitarios  denunció ante el Ministerio Público a Mayra Inés Silvera y Carla García, exdirectora y exsubdirectora de Senniaf, y contra la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. También emitieron un pliego de peticiones a la Presidencia de la República de Panamá.
El 5 de marzo, el jurista Donaldo  Sousa interpuso una denuncia criminal   por el delito de infracción de los deberes de los servidores públicos contra los miembros de la Junta Directiva de la Secretaria. 
Al menos tres personas han sido aprehendidas por las autoridades. 
 
Detalles de la Investigación  que adelanta el  Ministerio Público 
El Ministerio Público de Panamá investiga anomalías cometidas contra menores 14 albergues en todo el país.
Dichos centros  fueron objetos de inspecciones por parte de la subcomisión  de la Asamblea Nacional, luego de denuncias interpuestas en agosto de 2020 por Mides y Senniaf.
En el informe se detallan  abusos psicológicos, abortos, operación sin permiso de funcionamiento o con permisos provisionales, mezclando la población masculina y femenina, menores de edad con discapacitados y hasta adultos en rehabilitación por drogas. 
 

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