Asimismo, se han presentado múltiples denuncias en el caso.
El primero en presentar una querella fue abogado Ernesto Cedeño, el 21 de febrero, ante la Procuraduría de la Administración.
Luego, el 4 de marzo el abogado Emanuel Castro se apersonó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar a favor de las posibles víctimas y la Asociación de Estudiantes Universitarios denunció ante el Ministerio Público a Mayra Inés Silvera y Carla García, exdirectora y exsubdirectora de Senniaf, y contra la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. También emitieron un pliego de peticiones a la Presidencia de la República de Panamá.
El 5 de marzo, el jurista Donaldo Sousa interpuso una denuncia criminal por el delito de infracción de los deberes de los servidores públicos contra los miembros de la Junta Directiva de la Secretaria.
Al menos tres personas han sido aprehendidas por las autoridades.
El Ministerio Público de Panamá investiga anomalías cometidas contra menores 14 albergues en todo el país.
Dichos centros fueron objetos de inspecciones por parte de la subcomisión de la Asamblea Nacional, luego de denuncias interpuestas en agosto de 2020 por Mides y Senniaf.
En el informe se detallan abusos psicológicos, abortos, operación sin permiso de funcionamiento o con permisos provisionales, mezclando la población masculina y femenina, menores de edad con discapacitados y hasta adultos en rehabilitación por drogas.