Presentan informe sobre violación a los derechos humanos durante protestas contra reformas

La Coordinación de Derechos Humanos de Panamá ofreció esta mañana un informe sobre las supuestas violaciones a los derechos cometidos por las autoridades en las protestas realizadas contra las reformas constitucionales el pasado 30 y 31 de octubre.

20 noviembre 2019 |

Según señala el informe presentado en la Universidad de Panamá, el cual está basado en las protestas y las detenciones que surgieron esos días,  se indica que hubo agresiones policiales y abuso de derechos humanos.

"Específicamente la población trans, en las manifestaciones tanto del día 30 como del día 31 recibió burlas y discriminación por parte de la Policía Nacional, toma de fotografía sin su consentimiento y solicitud de que se quitara la ropa durante las detenciones, adicional a ellos también tenemos casos reportados de afectaciones de ataques asma, ante el rocío de gas pimienta, tanto a personas que se encontraban dentro de las manifestaciones como personas a estas", indicó la abogada Mónica Sánchez, vocera de la Coordinación.

El informe también destaca agresiones físicas y lesiones que provocaron hasta hospitalización.

"Tenemos un caso específico, de un compañero periodista que fue duramente agredido y físicamente, más de 50 golpes con el arma del tolete... ese día terminó hospitalizado, igualmente se encuentra en tratamiento médico producto de las lesiones en la clavícula y las extremidades inferiores, adicional a ello también tiene el caso del daño de una cámara de un periodista independiente durante las manifestaciones", acotó Sánchez, quien también fue representante legal de los detenidos.

Señala el informe que se dieron casos de torturas, los que están prohibidos por ley, durante las protestas y después de las detenciones.

El informe, que será presentado ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, sustenta también que en Panamá no cuenta con un procedimiento de protocolo ni de garantías del seguimiento de los derechos humanos. 

La jurista señaló que las autoridades que administran la justicia de paz no manejan los procedimientos y no saben manejar una situación como estas, "lo que nos deja indefensión en un caso como este". 

Manifestó que las autoridades reconocieron las violaciones a las garantías constitucionales a la ley de justicia comunitaria de paz.

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