Diputados proponen modificar tasa de aseo

La iniciativa —presentada por los diputados Crispiano Adames, Roberto Ábrego y Héctor Brands— establece que la tasa de aseo se denominará ‘tasa de gestión integral de residuos domiciliarios' y deberá cubrir el costo de todo el servicio: la separación, el tratamiento y la disposición final de los residuos domiciliarios.

La AAUD establecerá las tarifas de la nueva tasa ‘relacionada únicamente con el almacenamiento temporal, la separación, el tratamiento y la disposición final de los residuos', señala el artículo 19 de la iniciativa.

La propuesta obliga a las empresas de distribución de energía eléctrica incluir en el recibo de luz la tasa de aseo. Actualmente, el cobro se realiza a través de la factura del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en los municipios donde el servicio de recolección de la basura no está privatizado.

En distritos como San Miguelito y Arraiján el servicio lo realiza una empresa privada que se encarga de hacer los cobros.

En la AAUD analizan el anteproyecto de ley y alegan que no se prevé un incremento de la tasa de aseo, que varía dependiendo del municipio. En el distrito de Panamá, que concentra la mayor cantidad de la población y la riqueza del país, la tasa de aseo no supera los $10.

‘Cualquier actividad que genere o produzca residuos está obligada a tratarlos según el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, sin exclusión, que incluye desde su seno o por conducto de una empresa de tratamiento', señala el artículo 26 de la iniciativa.

Basura marítima

De acuerdo con el anteproyecto de ley, la AAUD asumirá la competencia de validación de los planes, de la regulación y del apoyo técnico a la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP en relación al control de los residuos que procedan de buques y que están incluidos en el Convenio Marpol.

La iniciativa adiciona un artículo a la Ley 56 de 6 de agosto de 2008, que regula la actividad portuaria de Panamá.

Se trata del artículo 102 A, en el que se establece que la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares será responsable de la planificación en materia de residuos que procedan de buques, ejercicio de la potestad de vigilancia, fiscalización e imposición de sanciones y del manejo integral de residuos (recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final), incluidos en el Convenio Marpol.

En la exposición de motivos, los diputados explican que un estudio realizado por la empresa Ineco, S.A. determinó una falta de políticas públicas en materia de manejo de residuos y una clara ausencia de definiciones y de términos homogéneos.

Además, una dispersión normativa, conflicto de competencias institucionales y lagunas en otros casos.

Esta realidad, a juicio de los diputados, ocasiona una gran inseguridad jurídica que resta claridad al ordenamiento jurídico y provoca ineficiencia y complejidad en su aplicación, aún más para la adhesión a los convenios internacionales.

‘Se hace necesario la adopción de una ley general que establezca definiciones y objetivos claros de la gestión de residuos y delimite las políticas públicas para una gestión adecuada de los residuos a nivel nacional', concluyen.